“Junta letras” y “sopla micros” se alían con el poder para ir contra compañeros que no secundan el lameculismo

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La libertad de expresión es un derecho fundamental, según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

No hay otro límite a la libertad de expresión que la ley. Si no fuera así, estaríamos expuestos a que la arbitrariedad del poder político decidiera sobre ese derecho fundamental. La libertad de expresión, debe ser entendida de la forma más generosa posible porque la democracia consiste en permitir que hablen los que no piensan como nosotros e incluso reconocer su derecho a molestarnos con sus comentarios.

A pesar de todas estas premisas, Radio Aventura Siglo21, sigue sufriendo todo tipo de vejaciones e impedimentos para desarrollar su labor, desde agresiones físicas, a insultos, hasta apagón informativo y publicitario por parte de algunas instituciones.

Unos cargos públicos que cobran de los ciudadanos y que deberían dar ejemplo acudiendo a todos los medios sin exclusión por su línea editorial.

La libertad de expresión en Canarias a día de hoy es un camelo, porque: En pleno siglo XXI, muchos gobiernos premian a sus amigos contratándoles publicidad por hacerles el coro; Los cargos públicos solo acuden a aquellos medios que les ríen la gracia y nunca a dar cuenta con seriedad de su gestión etc etc

Por si todo esto fuera poco, algunos “junta letras y soplamicros” se alían con el poder para ir contra aquellos compañeros que no secunda el “lameculismo” imperante en esta sociedad.

El periodismo entendido como un ejercicio de libertad, en Canarias solo lo practican muy pocos medios (entre ellos el nuestro), otros lo hacen de forma cobarde, hipócrita y rastrera, viviendo del dinero del instituciones que son propiedad de todos los canarios y no del Gobierno de turno.

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