La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dejado sin efecto la sentencia condenatoria contra Carmelo Martín

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“Las manifestaciones realizadas en el programa radiofónico examinado se encuentran amparadas por la libertad de expresión, por cuanto se enmarcan en un debate público y de interés, referido a la actividad de la Corporación Municipal y a la posible existencia de un trato de favor hacia determinadas personas, fueron pronunciadas por un periodista a través de la radio y se referían a la actividad de un funcionario público en cuanto tal”

TELDEACTUALIDAD.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dejado sin efecto la sentencia condenatoria contra Carmelo Martín, responsable de Radio Aventura Siglo 21, por un delito de injurias con publicidad, con el agravante de reincidencia, contra el exconcejal nacionalista y funcionario del Ayuntamiento de Telde, Marcos Monzón.

En sentencia dictada el pasado el pasado viernes 15 de mayo y conocida este miércoles, los magistrados de la citada sala judicial admiten el recurso de apelación interpuesto por Martín contra el fallo del Juzgado de lo Penal número 3 de la capital grancanario que lo condenó a pagar 2.000 euros a Monzón por un delito de injurias con publicidad, con el agravante de reincidencia y le impuso además una multa de 12 euros diarios durante cuatro meses, que suman un total de 1.440 euros, con una rebaja de pena al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial, tal y como avanzó TELDEACTUALIDAD.

El fallo judicial ahora revocado consideraba probado que el día 8 de enero de 2007, en el marco del programa de radio, Martín comenzó a proferir “una serie de expresiones” en relación con Marcos Monzón López, quien por aquel entonces era funcionario público del Ayuntamiento de Telde, perteneciente a la Subescala de Servicios Especiales.

Interpretando el papel del personaje Andresito el Quejica, el comunicador comenzó a denunciar una posible actuación administrativa irregular por la cual Monzón firmaba informes en expedientes administrativos para los que no se encontraba capacitado profesionalmente. En el marco de la denuncia, utilizó de forma reiterada expresiones despectivas hacia elexconcejal y su familia, “innecesarias y desproporcionadas para la emisión de la noticia que pretendía transmitir”, sostenía el fallo del Juzgado de lo Penal número 3.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia han estimado el recurso de Martín al considerar que las manifestaciones radiofónicas que motivaron su condena están “amparadas” por la libertad, aunque admiten que “sobrepasan los límites del buen gusto y educación”.

En los fundamentos de Derecho del fallo judicial al que TELDEACTUALIDAD ha tenido acceso se sostiene que lo dicho por Martín se enmarca “en un debate público y de interés, referido a la actividad de la Corporación Municipal y a la posible existencia de un trato de favor hacia determinadas personas”.

Los magistrados toman en consideración que “los hechos criticados se refieren a la actuación de un funcionario público en el ejercicio de su actividad como tal, lo que supone, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que “los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se tratase de simples particulares sin proyección pública alguna, pues, en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública”.

“Expresiones groseras”
En la sentencia se recalca además que “se podrá afirmar que algunas de las expresiones vertidas en el programa radiofónico pueden ser consideradas groseras, pero el tono general de la intervención del recurrente, en su papel de Andresito El Quejica es de denuncia de la actividad ejercida por el querellante como funcionario municipal, de forma que los juicios de valor del periodista se construyen alrededor de una base fáctica suficiente, en los términos que señala el Tribunal Constitucional, pues el informe que se lee en antena fue efectivamente confeccionado por el querellante, cuya pertenencia a la Subescala de Servicios Especiales no es discutida, y las expresiones vertidas se vinculan al juicio de valor que se emite por parte del recurrente, sin tener como finalidad el puro insulto o la humillación”.

A este respecto, añaden que “el término ‘sinvergüenza’, según el Diccionario de la RAE, significa, en una primera acepción, pícaro, bribón; y, además, referido a una persona, ‘que comete actos ilegales en provecho propio, o que incurre en inmoralidades’. Es decir, en el contexto en el que este término fue utilizado, se puede equiparar a ‘corrupto’, el cual, según la Jurisprudencia constitucional expuesta, resulta amparado por la libertad de expresión cuando se vincula a un juicio de valor sobre una determinada actividad pública que se considera que no se ajusta a la legalidad”.

“Es cierto que algunas expresiones utilizadas por el acusado sobrepasan los límites del buen gusto y educación, pero las manifestaciones realizadas en el programa radiofónico examinado se encuentran amparadas por la libertad de expresión, por cuanto se enmarcan en un debate público y de interés, referido a la actividad de la Corporación Municipal y a la posible existencia de un trato de favor hacia determinadas personas, fueron pronunciadas por un periodista a través de la radio y se referían a la actividad de un funcionario público en cuanto tal”.

En consecuencia, los magistrados estiman el recurso de apelación y absolven al recurrente del delito de injurias por el que fue sido condenado, “sin necesidad de entrar a analizar el resto de motivos de impugnación”.

La Audiencia desecha la solicitud de Martín de que se condene en costas a Monzón al determinar que “no existe motivo alguno para ello, al no apreciarse ni temeridad ni mala fe en la actuación del querellante”.

El fallo es firme y no admite recurso alguno.

TELDEACTUALIDAD

1 Comentario

  1. carmen

    29 julio, 2016 at 11:26

    soy camarera de piso llevo un año de baja rotura de tendones manguitos rotadores hombros dos en el izquierdo y una en el derecho me diacnotiscan enfermedad comun yb me da incapacidad permanente tota por dos años la empresa dice que me llamara para firmar finiquito de vacaciones que se me deben es normal tengo derecho al seguro del convenio

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